En julio de 2021, la Contraloría General de la República(CGR) concluyó su auditoría sobre la deuda espuria de Itaipu 84193 millones de dólares al 31 de diciembre de1996) causada porque las empresas eléctricas brasileñas se negaron a pagar el costo del servicio, como establece el Tratado. La CGR la declaró "ilegal" y abusivamente perjudicial para el Estado Paraguayo y la ANDE y, en cambio, enteramente beneficiosa para Electrobras y el Estado brasileño.
En función a tal dictamen final, el Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia (CIPAE) Y LA CAMPAÑA "iTAIPÚ Causa Nacional" constituyeron la "Plataforma Ética Ciudadana", que contó con calificados expertos en relación a la deuda de Itaipú, con el fin de analizar la exhaustiva auditoria de la CGR. Luego del estudio, se derivaron las conclusiones a los responsables de tal deuda espuria, con el fin de que puedan hacer su descargo por las decisiones que tomaron.
Finalmente, la Plataforma Ética Ciudadana, en audiencia pública, luego de considerar las opiniones de J, C. Wasmosy y escuchar la opinión de calificados asistentes, emitió su opinión final, responsabilizando al dictador Alfredo Stroessner y el expresidente J. C. Wasmosy, así como otros implicados, por la decisión que tomaron de perjudicar al pueblo paraguayo en su intereses, traicionando a la Patria y cusando un grave daño al patrimonio nacional.
A tres años de tan importante proceso público, ni el Ministerio Público ni la Justicia hicieron nada; tampoco hicieron nada Abdo Benítez ni Santiago Peña, como presidentes de la República, quienes tenían la obligación de reclamar al Brasil por los daños causados por tal deuda espuria, dejando indefenso al pueblo paraguayo en sus legítimos derechos.
