Hasta hoy la justicia argentina tuvo el mérito de investigar los delitos de sangre cometidos durante la última dictadura, pero dejó fuera del radar a los actores económicos que interesadamente la promovieron y/o facilitaron, es decir, a las personas, instituciones y empresas que suministraron bienes y servicios al gobierno o que obtuvieron beneficios a cambio de apoyar la ejecución del plan criminal. Muchas de ellas son en la actualidad actores civiles y económicos de peso, integrados al juego democrático, y sus vínculos con la dictadura son en gran medida desconocidos.
Coautores, socios, instigadores, conspiradores, ejecutores, cómplices, beneficiarios son algunos de los posibles formatos de estos vínculos, que deben ser esclarecidos. En lo que constituye una investigación pionera que logra reunir información sustancial pero dispersa hasta ahora, Horacio Verbitsky y Juan Pablo Bohoslavsky, junto con un equipo de prestigiosos autores, sacan a la luz los casos de complicidad civil y económica con la dictadura. Esos casos involucran empresas como Ledesma, Ford, Acindar, Techint o Mercedes Benz, cuyos directivos están acusados o sospechados de entregar trabajadores que luego fueron desaparecidos, así como organismos creados para extorsionar empresarios poco afines y expropiar sus bienes, como sucedió con Papel Prensa y con los hermanos Iaccarino.
La trama se completa con corporaciones patronales agropecuarias o industriales, como la Sociedad Rural Argentina y Confederaciones Rurales Argentinas; el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.
